La visita del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan a Venezuela está prevista para los próximos días. En medio de su estadía en el país tendrá que evaluar si el Gobierno Venezolano está dispuesto a cooperar, investigar, juzgar y sancionar a los responsables de crímenes de lesa humanidad, documentados en el examen preliminar abierto desde febrero de 2018.
En el foro “Corte Penal Internacional y Derechos Humanos en Venezuela”, organizado por la Comisión Especial de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional de 2015, expertos indicaron que lo esperado es que el fiscal de la CPI, además de reunirse con autoridades de la administración de Nicolás Maduro, también escuche a las víctimas, familiares y organizaciones no gubernamentales (ONG).
Justicia “Secuestrada”
“Él (Khan) tiene la obligación de escuchar a las víctimas; no deberá escuchar solo a la parte acusada o investigada sino a las víctimas, para que esto se haga con transparencia. La cantidad de víctimas es enorme: presos políticos, civiles, militares, los asesinados..”, alertó la diputada de 2015 Delsa Solórzano.
Durante su intervención en el foro transmitido vía Zoom, la abogada afirmó que en Venezuela no es posible hacer justicia porque está secuestrada por el Poder Ejecutivo. Recalca que la falta de independencia judicial en el país es reconocida por organismos internacionales de derechos humanos, gracias a la documentación de hechos que muestran la imposibilidad de usar vías internas para alcanzar justicia.
“La Misión de Determinación de Hechos en su último informe se evidenció que Tarek William Saab ha ocultado pruebas, ha mentido ante la CPI, ha sido encubridor de crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Se ha respondido a cada acción de Tarek ante la CPI absolutamente dilatorias, pero así como dilataron la extradición de Alex Saab en Cabo Verde, aunque dilaten este proceso, se va a dar ante la CPI”, afirmó.
Cooperación
El representante de la ONG Provea en Europa, Calixto Ávila, detalló que la cooperación del Estado es importante para avanzar en el caso; de allí que la reunión con las autoridades gubernamentales tenga el objetivo de presionar una adecuada administración de justicia. Asegura que en este caso no se presume la buena fe del Estado venezolano y que el encuentro con Khan será usado para aparentar que todo está bien y ganar tiempo.
Destacó que un aspecto a ser evaluado por el fiscal de la CPI, es si las últimas acciones del gobierno de Maduro y de la Asamblea Nacional (del 6 de diciembre) al reformar leyes relacionadas con el sistema judicial y sancionar algunos crímenes, son auténticos y si están dirigidos a administrar y garantizar justicia.
“El fiscal debe reunirse con autoridades y víctimas, recoger la evidencia necesaria para tomar la decisión sobre el país (si se abre o no el juicio en la CPI)”, dijo.
Protección
El profesor de Derecho Penal Internacional y derechos humanos Fernando Fernández aclaró que es parte de las obligaciones de Khan escuchar al Estado y que no puede negarse si las autoridades lo piden. A su vez, destacó, será una oportunidad para escuchar a las víctimas y evaluar el contexto venezolano.
“Tratarán (el gobierno de Maduro) de pintarle un paisaje rosado, hermoso, pero este fiscal es perspicaz, tiene una experiencia profesional bastante sólida y tendrá oportunidad de hacer consultas posteriormente”, expresó.
Pero también dijo que un elemento importante que tomará en cuenta el fiscal de la CPI es la seguridad de las víctimas y de las ONG ante el riesgo de sufrir ataques o persecución. En este sentido, alertó, que lo esperado es que dichos encuentros sean muy reservados o no públicos, debido a que hay mecanismos de protección a las víctimas de violaciones de DDHH que se deben seguir y respetar.
El proceso
En diciembre de 2020, en medio de la presentación de su informe anual ante la CPI, la fiscal anterior, Fatou Bom Bensouda, se refirió al examen preliminar abierto sobre crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela a partir de abril de 2017. La funcionaria dijo que existían elementos suficientes para que se abriera una investigación formal contra el Estado.
Sin embargo, antes de irse del cargo en junio de este año, se esperaba que informara la decisión del pase a juicio, pero una táctica legal del fiscal Saab se lo impidió. Así llegó el nuevo fiscal de la CPI quien finalmente tomará la decisión de iniciar la investigación formal, cerrar el examen preliminar o dejarlo abierto hasta encontrar nuevas evidencias.
Así se llega a la visita de Khan a Venezuela, actualmente se encuentra en Colombia, algo que ha sido interpretado como demora o puesta en pausa de su decisión sobre el examen preliminar. Khan deberá rendir el informe anual ante la CPI en diciembre, antes de lo cual no se espera un anuncio en el caso venezolano.
La tortura, violencia s3xua1 y persecución política como parte de un ataque sistemático y generalizado del Estado contra la población civil durante las masivas manifestaciones ciudadanas de abril de 2017, son los crímenes de lesa humanidad tomados en cuenta en el examen preliminar.
De abrir el juicio, el fiscal también podría decidir si amplía los delitos tomados en cuenta y si el período a investigar abarcará más años previos a 2017.
“Tortura, percusión política, violencia sexual, esto no significa que no se puede ampliar. Hechos posteriores a abril de 2017 como límite temporal y número de crímenes de competencia de la Corte. Ambos pueden ser ampliados”, mantuvo.
Fuente: Efecto Cocuyo
